Dos incendios recientes en depósitos del AMBA dejaron una señal que no debería pasar inadvertida: que no haya personas heridas no significa que el riesgo haya sido bajo.
En Monte Grande, un galpón de una recicladora de plásticos sufrió daños totales en el sector afectado. En Sarandí, otro incendio de gran magnitud se produjo en un predio cercano al Acceso Sudeste, junto al Mercado Frutihortícola. En el primer caso, intervinieron cuatro dotaciones de bomberos; en el segundo, bomberos locales y de Avellaneda. Las causas no fueron informadas al momento de la publicación y no se informaron víctimas en Monte Grande; para Sarandí, la fuente consultada no informa víctimas.
El dato más visible es que no hubo víctimas. La pregunta preventiva es otra: ¿qué condiciones permitieron que el fuego se desarrollara hasta requerir semejante respuesta?
Un depósito no es un espacio neutro
En depósitos y recicladoras, el riesgo no depende solamente de la presencia de una fuente de ignición. También intervienen la cantidad, el tipo y la forma de almacenamiento de los materiales.
Plásticos, embalajes, pallets, cartón, textiles y residuos de procesos pueden incrementar significativamente la carga de fuego. Cuando se acumulan sin una separación adecuada, contra cerramientos o próximos a instalaciones eléctricas, el incendio puede propagarse con rapidez y dificultar el acceso, la detección y la extinción inicial.
La organización del depósito también define el riesgo operativo. Pasillos obstruidos, pilas inestables, sectores sin identificación, circulación compartida con autoelevadores y salidas poco claras convierten un problema inicial en una emergencia más difícil de controlar.
Por eso, una recorrida preventiva no debería limitarse a verificar si hay matafuegos colgados. Tiene que observar cómo está configurado el establecimiento y cómo esa configuración puede cambiar con cada recepción, clasificación, compactación o despacho de materiales.
El fuego visible es el final de una cadena
Cuando llegan los bomberos, el evento ya superó la capacidad de respuesta inicial del establecimiento. La prevención debe actuar mucho antes.
Hay que revisar, entre otros puntos:
qué materiales se almacenan y en qué cantidades;
cómo se distribuyen dentro del sector;
si existen distancias de separación y pasillos operativos;
si las fuentes de ignición están controladas;
si las instalaciones eléctricas son adecuadas y se mantienen en condiciones;
si los medios de extinción están correctamente seleccionados, señalizados y accesibles;
si las rutas de evacuación permanecen libres;
si el personal sabe cómo alertar, evacuar y actuar ante un principio de incendio.
El escenario no es estático. Un depósito que fue evaluado hace seis meses puede presentar otro nivel de riesgo si cambió el volumen almacenado, el tipo de residuo, la distribución interna o la actividad desarrollada.
Qué exige el marco argentino
La Ley 19.587 establece, en su artículo 9 inciso g, la obligación del empleador de instalar los equipos necesarios para afrontar los riesgos en caso de incendio u otro siniestro. Esa obligación no se agota en adquirir equipos: exige que la respuesta sea razonable para el riesgo existente y que los medios puedan utilizarse cuando se los necesita.
El Decreto 351/79, en su Anexo VII —correspondiente a los artículos 160 a 187—, vincula la protección contra incendios con la actividad, el riesgo y la carga de fuego. El apartado 2.1 indica que deben considerarse los riesgos que implican las actividades predominantes; el apartado 2.2 relaciona la resistencia al fuego de los elementos estructurales y constructivos con el riesgo y la carga de fuego.
El mismo Anexo define la carga de fuego y contempla condiciones de situación, construcción y extinción, además de los medios de escape. La norma, por lo tanto, no propone una respuesta basada en un único elemento. La evaluación debe integrar materiales, almacenamiento, sectorización, resistencia, evacuación y extinción.
En establecimientos ubicados en la provincia de Buenos Aires, ese análisis debe complementarse con las exigencias provinciales, municipales, de habilitación, uso y bomberos que correspondan al inmueble y a la actividad. No existe una solución normativa única para cualquier depósito: el alcance depende de las características concretas del establecimiento.
Que no haya heridos no alcanza como indicador
Un incendio sin víctimas reportadas puede ser una buena noticia y, al mismo tiempo, una oportunidad de aprendizaje. Puede revelar que la evacuación funcionó, que el establecimiento estaba vacío o que el fuego se produjo en un momento de baja ocupación. Sin información adicional, no corresponde elegir una explicación.
Lo que sí corresponde es aprovechar cada evento para revisar las barreras preventivas: qué podía arder, cómo se detectaba, quién debía dar la alarma, por dónde se evacuaba, qué medios estaban disponibles y cuánto tiempo demandaba la respuesta.
La prevención no se mide solo por la ausencia de lesiones. También por la capacidad de evitar que un foco se transforme en un incendio generalizado y proteger a las personas, los bienes y el entorno.
En EXCON podemos acompañarlos con estudios de carga de fuego, verificación de condiciones de almacenamiento, evaluación de medios de extinción, actualización de planes de evacuación y diseño de Sistemas de Autoprotección según la Ley 5920 cuando resulte aplicable, especialmente en CABA. También desarrollamos prácticas de uso de extintores con simulador de fuego digital, adaptadas al riesgo real de cada establecimiento.
La pregunta no es si el próximo incendio tendrá víctimas. La pregunta es qué barreras preventivas están funcionando hoy, antes de que deban probarse bajo presión.